Oswaldo Betancort ha decidido que los contribuyentes de Lanzarote paguen 15.500 euros para mantener abierta la ofensiva judicial contra la expresidenta socialista María Dolores Corujo, incluso después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivara la investigación al no apreciar delito en su actuación.
El presidente del Cabildo sostiene que no existe persecución política y que únicamente pretende defender los intereses de la institución. Pero la contratación del penalista José María Choclán para presentar una querella obliga a plantear una pregunta elemental: ¿está el Cabildo protegiendo realmente el dinero público o utilizándolo para prolongar una guerra entre partidos?
Una causa archivada y otra factura para los ciudadanos
El conflicto tiene su origen en los cerca de 300.000 euros que el exconsejero Juan Manuel Sosa cobró indebidamente como médico mientras formaba parte del Gobierno insular. Los tribunales confirmaron que Sosa debía devolver ese dinero. Existía, por tanto, un perjuicio económico que la administración tenía derecho a reclamar.
Otra cuestión distinta era determinar si Corujo había cometido un delito al firmar un decreto relacionado con la situación de Sosa. La Fiscalía del Supremo ha concluido que aquella resolución no fue arbitraria y que los hechos no constituyen infracción penal. La expresidenta no ha sido condenada ni existe actualmente una resolución que atribuya responsabilidad criminal a su actuación.
Betancort, sin embargo, no ha dado el asunto por terminado. El Cabildo ha contratado a Choclán —conocido por representar al empresario Víctor de Aldama— por 15.500 euros para presentar una querella. Según la denuncia del PSOE, el pago está vinculado precisamente a que la acción judicial llegue a interponerse.
El presidente tiene derecho a discrepar del criterio fiscal y la institución puede acudir a los tribunales si dispone de fundamentos jurídicos sólidos. Lo que no puede hacer es tratar el dinero del Cabildo como una caja disponible para combatir a su principal adversaria política sin ofrecer una explicación documental completa.
Cinco votos de Coalición Canaria
Corujo asegura que la contratación solo recibió el apoyo de los cinco representantes de Coalición Canaria en el Consejo de Gobierno insular. De confirmarse ese extremo, la imagen resulta demoledora: una decisión supuestamente institucional que únicamente respalda el partido del presidente.
Betancort debe publicar el expediente completo, los informes que recomiendan continuar por la vía penal, las condiciones económicas pactadas con el abogado y la motivación que justifica acudir a un despacho externo pese a contar el Cabildo con servicios jurídicos propios y con un director insular de Presidencia de perfil jurídico.
No basta con repetir que se defienden los intereses públicos. Esa frase sirve para justificar casi cualquier gasto si no viene acompañada de documentos, límites y responsabilidades.
El Cabildo no puede convertirse en un bufete electoral
La política lanzaroteña lleva demasiado tiempo atrapada en querellas, denuncias y acusaciones cruzadas. Pero existe una frontera que ningún gobernante debería traspasar: convertir la administración en el instrumento jurídico de su estrategia electoral.
Betancort ha confirmado que aspira a repetir como candidato a la Presidencia. Corujo continúa siendo la principal dirigente del PSOE insular y una posible adversaria en 2027. Cualquier actuación penal financiada por el Cabildo contra ella exige, por tanto, una prudencia extrema y una transparencia superior a la habitual.
El archivo de la Fiscalía no demuestra que toda reclamación administrativa carezca de sentido ni borra el caso de los cobros indebidos de Sosa. Sí desmonta la idea de que el delito de Corujo estuviera acreditado y obliga a Betancort a justificar por qué insiste con dinero ajeno.
Los 15.500 euros pueden parecer una cantidad pequeña dentro del presupuesto insular. No lo son cuando sirven para presentar una querella contra una rival política después de que el Ministerio Fiscal haya descartado indicios penales.
Oswaldo Betancort prometió defender Lanzarote. No fue elegido para convertir el Cabildo en un bufete al servicio de Coalición Canaria. Si la nueva querella fracasa, deberá explicar quién asume la responsabilidad por esta factura. Porque el abogado cobrará, el enfrentamiento continuará y quienes pagarán serán, una vez más, los ciudadanos.
