El portavoz de Agrupación Socialista Gomera en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo, ha reclamado este sábado que la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial pase cuanto antes de la planificación a resultados concretos. Entre las medidas que vuelve a situar sobre la mesa figura una fiscalidad singular para La Palma, La Gomera y El Hierro, las denominadas Islas Verdes.

La estrategia prevé movilizar 1.400 millones de euros durante sus dos primeros años, incluye 43 medidas y 428 acciones y fue elaborada después de trece meses de trabajo y más de un millar de aportaciones de administraciones, universidades, agentes sociales y ciudadanía.

Una Canarias con ritmos demográficos diferentes

Curbelo sostiene que el Archipiélago presenta realidades muy distintas. Mientras determinadas zonas crecen en población, actividad y desarrollo urbano, otras pierden habitantes, envejecen y tienen más dificultades para mantener empleo y servicios.

En ese segundo grupo sitúa a las Islas Verdes y también a determinadas medianías y áreas rurales. Su planteamiento es que aplicar exactamente las mismas políticas a territorios con condiciones diferentes puede terminar ampliando la brecha en lugar de reducirla.

La fiscalidad diferenciada que defiende busca introducir incentivos capaces de favorecer la implantación de empresas, el emprendimiento, la contratación y la permanencia de población joven. La propuesta no está aprobada en los términos concretos reclamados este sábado y todavía requeriría desarrollo normativo, por lo que no debe confundirse la reivindicación política con una ventaja fiscal ya disponible para ciudadanos o empresas.

El debate, sin embargo, no es nuevo. Curbelo ha llevado en ocasiones anteriores al Parlamento preguntas sobre una fiscalidad específica para las Islas Verdes y el propio Gobierno de Canarias ha reconocido la necesidad de introducir medidas que compensen la doble insularidad y las diferencias territoriales.

Medir si los 1.400 millones producen resultados

La principal exigencia formulada ahora es de seguimiento. Curbelo pide que las inversiones se evalúen de forma permanente y que el reparto tenga en cuenta las islas y municipios con mayor vulnerabilidad demográfica.

Esa evaluación resulta especialmente relevante por la dimensión económica de la estrategia. Movilizar 1.400 millones no garantiza por sí solo que se fije población. El resultado depende de qué proyectos se ejecuten, cuándo se ejecuten y si consiguen mejorar variables como empleo, vivienda, conectividad, servicios públicos y oportunidades para los jóvenes.

Las 428 acciones anunciadas abarcan un campo amplio y obligan a coordinar distintas áreas del Gobierno. El riesgo de cualquier estrategia transversal es que la cantidad de medidas dificulte identificar cuáles tienen un efecto real y cuáles permanecen en un nivel administrativo o programático.

La reclamación de este sábado pone precisamente el foco en esa diferencia entre aprobar y ejecutar. Para ASG, el documento debe traducirse en cambios perceptibles para quienes viven en territorios con menor población y mayores costes derivados de la insularidad.

La fiscalidad singular será uno de los puntos políticamente más complejos porque requiere definir beneficiarios, tramos, duración y encaje jurídico. También deberá determinarse qué instrumentos fiscales son competencia autonómica y cuáles exigen intervención del Estado.

La discusión de fondo es más amplia: cómo evitar que residir en una isla pequeña limite el acceso al empleo, la formación o los servicios. Curbelo reclama que los 1.400 millones de la estrategia sirvan para responder a esa pregunta con resultados medibles y no únicamente con nuevas líneas de planificación.