Canarias continúa pagando las consecuencias de una política migratoria incapaz de controlar de forma estable la frontera sur, desarticular las rutas de las mafias y repartir con rapidez las responsabilidades entre el Estado y las comunidades autónomas. El descenso de las llegadas registrado durante la primera mitad de 2026 ofrece un alivio, pero no elimina la presión acumulada durante los últimos años ni resuelve el colapso de los recursos destinados a los menores extranjeros no acompañados.
Los datos oficiales obligan a hablar con precisión. Entre el 1 de enero y el 15 de julio llegaron irregularmente por vía marítima a Canarias 4.440 personas en 59 embarcaciones. En el mismo periodo de 2025 fueron 11.454 personas en 188 embarcaciones. La caída alcanza el 61,2 %, por lo que no sería riguroso sostener que las entradas están aumentando en este momento.
La reducción, sin embargo, no convierte el problema en inexistente. Una frontera no está controlada únicamente porque durante unos meses lleguen menos embarcaciones. Está controlada cuando el Estado conoce quién entra, distingue con rapidez a quien necesita protección internacional de quien no reúne los requisitos, ejecuta los retornos previstos por la ley y evita que una comunidad fronteriza tenga que soportar durante años una emergencia que corresponde al conjunto de España y de Europa.
Una presión acumulada que sigue desbordando a Canarias
La mayor evidencia del fracaso se encuentra en el sistema de protección de menores. El Gobierno de Canarias comunicó en enero que mantenía la tutela de 4.389 menores migrantes no acompañados, de los cuales 3.979 continuaban físicamente en las islas. Para el pasado 16 de julio, la Consejería de Bienestar Social seguía señalando que el Archipiélago atendía a más del triple de los 783 menores que le corresponderían según la capacidad ordinaria fijada por el sistema de reparto.
Los menores deben recibir protección, asistencia y garantías jurídicas. Esa obligación no está en discusión. Lo que sí debe discutirse es por qué el Gobierno central ha permitido que la tutela se concentre durante tanto tiempo en un territorio pequeño, fragmentado y alejado del continente, mientras los traslados avanzan con una lentitud incompatible con la emergencia declarada.
El Estado dispone de la competencia exclusiva en inmigración y extranjería. Canarias gestiona la protección de los menores porque así lo establece el reparto competencial, pero no puede controlar las fronteras exteriores, negociar en solitario con los países de origen ni ejecutar retornos internacionales. Exigirle que sostenga las consecuencias sin proporcionarle recursos suficientes equivale a trasladar una responsabilidad estatal a los presupuestos autonómicos.
El nuevo mecanismo de redistribución entre comunidades llega después de años de improvisación, enfrentamientos territoriales y recursos judiciales. Su eficacia dependerá de que los plazos se cumplan y de que la financiación acompañe a cada traslado. Una norma que existe sobre el papel pero no logra crear plazas reales no alivia los centros canarios.
Más de 155 millones en un solo año
La crisis tiene un coste humano, administrativo y también económico. Durante 2025, el Gobierno de Canarias destinó 155,1 millones de euros al mantenimiento de los dispositivos para menores migrantes no acompañados y a otros gastos relacionados con su atención y traslado. La cifra incluyó fondos autonómicos y aportaciones estatales, pero refleja la dimensión de una factura sostenida en última instancia por recursos públicos.
A ese gasto se suman los dispositivos estatales de atención humanitaria para adultos, los servicios de emergencia, los traslados, la asistencia sanitaria, la identificación, la seguridad, la tramitación administrativa y los programas de integración o retorno. Parte de estos recursos procede de la Unión Europea: España ha recibido cerca de 900 millones de euros del Fondo de Asilo, Migración e Integración desde 2022 para distintos programas migratorios y de asilo.
El dinero europeo tampoco es gratuito ni ajeno al contribuyente. Son fondos públicos que deben gestionarse con transparencia y someterse a resultados. La pregunta legítima no es si una persona rescatada debe recibir comida o asistencia médica. Evidentemente debe recibirlas. La pregunta es por qué las administraciones continúan destinando cantidades crecientes a gestionar las consecuencias mientras la prevención, la cooperación con los países de origen, la lucha contra las redes y los retornos legales siguen sin ofrecer una respuesta suficiente.
La solidaridad no obliga a aceptar que cualquier flujo sea ilimitado. Un Estado social solo puede proteger de forma adecuada a quienes verdaderamente lo necesitan si conoce su capacidad, establece prioridades y controla el acceso. Cuando la entrada irregular se convierte en una vía recurrente, el sistema pierde orden, las mafias reciben una señal de continuidad y los costes recaen sobre ciudadanos que ya sostienen una sanidad, una vivienda pública y unos servicios sociales sometidos a enormes tensiones.
Acoger no significa renunciar a la ley
La crítica a la inmigración irregular no debe confundirse con una acusación colectiva contra quienes llegan. Muchas personas huyen de la pobreza, la violencia o la falta de oportunidades y arriesgan su vida en rutas controladas por organizaciones criminales. Los solicitantes de asilo tienen derecho a que su petición sea examinada y los menores deben quedar protegidos.
Precisamente por respeto a esas personas, resulta irresponsable mantener un modelo que convierte el Atlántico en una ruta mortal y deja la respuesta en manos de dispositivos de emergencia permanentes. La política humanitaria comienza evitando las salidas peligrosas, persiguiendo a quienes cobran por organizar las travesías y creando procedimientos ordenados para la inmigración legal que necesite la economía española.
Quien no tiene derecho a permanecer debe ser retornado con garantías y conforme a la ley. Quien necesita protección debe recibirla. Quien puede incorporarse mediante vías legales de trabajo debe hacerlo con contrato, identificación y obligaciones claras. Mezclar todas las situaciones en una política basada en la llegada, la acogida provisional y la demora administrativa perjudica tanto al contribuyente como al migrante.
España necesita inmigración legal en determinados sectores y puede beneficiarse de ella cuando existe integración, empleo y respeto a las normas. Lo que no necesita es convertir la irregularidad en una vía de entrada tolerada de hecho por la incapacidad para ejecutar las decisiones posteriores.
El Gobierno central debe asumir su competencia
El Ejecutivo de Pedro Sánchez no puede presentar la reducción temporal de llegadas como prueba de que el problema está resuelto. La presión migratoria depende de factores cambiantes: el control en los países de salida, las rutas utilizadas, las condiciones meteorológicas, los conflictos y la actuación de las mafias. Una bajada durante varios meses puede revertirse rápidamente.
La obligación del Gobierno es construir una política estable. Eso exige reforzar los medios de vigilancia y control, mantener acuerdos efectivos con Mauritania, Senegal, Marruecos y otros países de origen o tránsito, aumentar la cooperación condicionada a resultados y acelerar los procedimientos de devolución cuando legalmente correspondan.
También debe publicar con claridad cuánto cuesta el sistema, cuántas solicitudes de protección se resuelven, cuántos retornos se ejecutan y qué resultados producen las partidas financiadas por el Estado y la Unión Europea. Sin transparencia presupuestaria y estadística, el debate queda atrapado entre la propaganda gubernamental y las exageraciones.
Canarias no puede seguir siendo el muelle de llegada, el centro de acogida y la administración pagadora de una competencia que pertenece al Estado. Tampoco puede aceptar que la solidaridad territorial dependa de negociaciones interminables cada vez que los recursos vuelven a desbordarse.
Firmeza, legalidad y responsabilidad
Hablar de control migratorio no es negar la dignidad de nadie. Es defender la vigencia de la ley, la sostenibilidad de los servicios públicos y el derecho de los españoles a conocer quién entra en su territorio y bajo qué condiciones permanece.
La política migratoria debe ser humana, pero también firme. Debe rescatar a quien se encuentra en peligro, proteger al perseguido y atender al menor. Al mismo tiempo, tiene que impedir que las fronteras sean administradas por mafias, ejecutar los retornos legales y asegurar que la inmigración se produzca por vías ordenadas.
Los contribuyentes tienen derecho a exigir que cada euro destinado a esta crisis sea explicado y evaluado. Los canarios tienen derecho a reclamar que su territorio no cargue de manera desproporcionada con una responsabilidad nacional y europea. Y el Gobierno central tiene la obligación de dejar de gestionar la inmigración irregular como una emergencia que se prolonga indefinidamente.
Las cifras de 2026 ofrecen una oportunidad para recuperar el control antes de que las rutas vuelvan a intensificarse. Desaprovecharla significaría repetir el mismo ciclo: llegadas masivas, recursos colapsados, fondos extraordinarios, disputas entre administraciones y una nueva factura para los ciudadanos.
Canarias necesita solidaridad, pero sobre todo necesita Estado. Un Estado que controle sus fronteras, cumpla sus propias leyes y no obligue a las islas a financiar y administrar en solitario las consecuencias de su falta de previsión.
