Ceuta afronta este viernes una de las jornadas más graves de su historia reciente después de que miles de personas accedieran a la ciudad autónoma desde Marruecos por tierra y mar. La entrada masiva, iniciada el jueves y prolongada durante la noche, ha desbordado los recursos policiales, asistenciales y de acogida de una ciudad de apenas 85.000 habitantes y ha obligado al Gobierno a movilizar refuerzos extraordinarios.

Al menos 18 personas han muerto durante los intentos de entrada, según el balance difundido este viernes por Associated Press. Algunas fallecieron ahogadas mientras trataban de alcanzar la costa y otras en medio de la presión generada en los accesos fronterizos. Las imágenes de personas nadando, avanzando sobre flotadores o irrumpiendo por los pasos terrestres han vuelto a situar a Ceuta en el centro de una crisis que combina seguridad fronteriza, emergencia humanitaria y tensión diplomática.

El Ejecutivo ha enviado 200 agentes especializados y 60 militares para apoyar a los efectivos desplegados habitualmente en la ciudad. La magnitud exacta de las entradas todavía no ha sido confirmada oficialmente, aunque Radiotelevisión Española situó entre 2.000 y 3.000 las personas que habrían logrado acceder durante el jueves. Comercios cerrados, migrantes durmiendo en calles y parques y servicios públicos saturados reflejan una situación que las autoridades ceutíes consideran insostenible.

Pedro Sánchez viajará este viernes a Ceuta acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La agenda oficial prevé que ambos visiten a las 11.40 horas la frontera del Tarajal y mantengan un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Posteriormente, a las 12.15 horas, el presidente encabezará en el Palacio de la Asamblea una reunión de coordinación junto al presidente ceutí, Juan José Vivas, responsables policiales, la Guardia Civil, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y Cruz Roja.

La visita llega después de que Vivas reclamara una respuesta excepcional del Estado y planteara la creación de un mando único para afrontar la crisis. Dos días antes del episodio más grave, el presidente de la ciudad ya advertía de que se habían registrado más de 1.500 llegadas por vía marítima en pocos días y de que los centros para menores extranjeros no acompañados soportaban una ocupación equivalente al 1.600% de su capacidad ordinaria. Ceuta acogía entonces a 570 menores, frente a los 180 contabilizados apenas diez días antes.

El Gobierno atribuye el aumento de las entradas a la actuación de redes dedicadas al tráfico de personas, que estarían aprovechando la reciente sentencia del Tribunal Supremo que limita la aplicación de las devoluciones inmediatas a quienes son interceptados en el mar. Interior sostiene que España y Marruecos mantienen una colaboración estrecha y asegura que ambos países han acordado reforzar la coordinación y estudiar mecanismos para entregar a quienes hayan entrado ilegalmente.

La gravedad de lo ocurrido exige algo más que una visita institucional y una sucesión de declaraciones. El Ejecutivo debe explicar por qué los recursos disponibles resultaron insuficientes, qué información manejaba antes de la avalancha y qué medidas adoptará para impedir que Ceuta vuelva a quedar sola ante una presión que afecta a toda España y a la frontera exterior de la Unión Europea.

La protección de la frontera y el respeto a la dignidad humana no son objetivos incompatibles. España debe asistir a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, identificar a los menores y garantizar los procedimientos legales. Pero también debe combatir a las mafias, exigir una cooperación efectiva a Marruecos y asegurar que la legalidad migratoria se cumpla. Ceuta no puede convertirse en el lugar donde el Estado llega siempre después de que la emergencia haya estallado.