Ceuta trata de recuperar este sábado una normalidad que todavía parece lejana. La entrada irregular de más de 50.000 personas desde Marruecos en apenas 24 horas ha dejado, según el último balance comunicado por el Gobierno, al menos 67 fallecidos. Algunas de las víctimas murieron ahogadas cuando intentaban alcanzar territorio español y otras perdieron la vida durante una avalancha junto al espigón fronterizo. La tragedia humana acompaña así a una crisis institucional y de seguridad sin precedentes recientes en la ciudad autónoma.
El episodio desbordó por completo la capacidad de respuesta inicial de las administraciones. Las calles se llenaron de miles de personas, los servicios de emergencia quedaron sometidos a una presión extrema y las fuerzas de seguridad tuvieron que actuar en una frontera que había perdido, durante horas, buena parte de su capacidad efectiva de contención. El Gobierno central cifra en más de 50.000 las entradas, mientras las autoridades ceutíes han elevado la estimación hasta aproximadamente 60.000. Interior sostiene que más de 48.000 personas ya han regresado a Marruecos, aunque todavía permanecen grupos en la ciudad y la situación continúa bajo una calma frágil.
La gravedad política aumenta al conocerse que responsables del propio Ejecutivo admiten que la crisis no fue anticipada. Altos cargos gubernamentales reconocieron a El País que no disponían de información sobre la magnitud de lo que iba a producirse y que, de haberla tenido, no se habría permitido la entrada de decenas de miles de personas en un solo día. La atención de La Moncloa y del Ministerio del Interior estaba concentrada en los graves incendios registrados en distintos puntos de España, pero esa circunstancia no explica por sí sola que Ceuta quedara fuera del principal radar de seguridad del Estado.
Existían señales. Los informes de la Guardia Civil habían detectado un incremento progresivo de los intentos de entrada a nado durante julio. Entre el 29 de junio y el 12 de julio se contabilizaron alrededor de 500 intentos, y entre el 13 y el 26 de julio la cifra habría aumentado hasta 1.300. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también había advertido del deterioro de la situación y de las consecuencias de la reciente interpretación judicial sobre las devoluciones de quienes accedían por mar. El Gobierno asegura que aquellos datos no permitían prever una avalancha de semejantes dimensiones, pero la sucesión de avisos obliga a preguntarse si fueron evaluados con la atención necesaria.
Pedro Sánchez se desplazó el viernes a Ceuta acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y calificó lo ocurrido como una «violación y un ataque a la integridad territorial de España». El presidente prometió emplear todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad y recuperar la convivencia, aunque evitó responsabilizar directamente a Marruecos y atribuyó el episodio principalmente a las mafias que trafican con seres humanos. La posición del Ejecutivo contrasta con las críticas de quienes señalan la pasividad inicial de las fuerzas marroquíes y reclaman explicaciones sobre la cooperación real entre ambos países.
El Gobierno ha comenzado ahora a instalar una barrera de contención de unos 500 metros en el espigón del Tarajal y ha reforzado el despliegue policial y militar. Son medidas necesarias, pero llegan después del colapso, no antes. Además, permanece pendiente el plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla anunciado tras la crisis migratoria de 2021. Cinco años después, la mayor entrada irregular registrada en la ciudad vuelve a demostrar que la frontera sur no puede gestionarse únicamente mediante acuerdos diplomáticos, respuestas improvisadas y refuerzos activados cuando el problema ya ha estallado.
La prioridad inmediata debe ser identificar a las víctimas, atender a los heridos, garantizar la seguridad de los ceutíes y tratar con dignidad a quienes permanecen en situación de vulnerabilidad. Pero la humanidad no puede utilizarse como excusa para eludir responsabilidades. Sesenta y siete muertos, decenas de miles de entradas y una ciudad española desbordada exigen una investigación política y operativa rigurosa. El Gobierno debe explicar qué información recibió, quién la evaluó, por qué no se elevó el nivel de alerta y qué medidas adoptará para que una crisis de esta magnitud no vuelva a sorprender al Estado.
