Ceuta ha perdido el control de su frontera mientras el Gobierno de Pedro Sánchez discute sobre el nombre jurídico de la emergencia. Entre 1.500 y 2.000 personas han entrado irregularmente en la ciudad durante los últimos diez días, muchas de ellas a nado o bordeando el espigón del Tarajal. La presión ha desbordado a las fuerzas de seguridad, los centros de acogida y los servicios de protección de menores.
Juan Jesús Vivas ha reclamado al Ejecutivo central que declare una situación de interés para la Seguridad Nacional y establezca un mando único. Alberto Núñez Feijóo ha respaldado la petición y exige activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, cerrar temporalmente la frontera, movilizar al Ejército y reforzar la acción diplomática con Marruecos y la Unión Europea.
La figura invocada no equivale a un estado de excepción. Permite al presidente del Gobierno coordinar los recursos ordinarios de las administraciones cuando la gravedad, la urgencia y la dimensión de una crisis lo exigen.
Interior responde a otra figura jurídica
La primera respuesta del Gobierno ha sido desconcertante. Interior sostuvo que los flujos migratorios no permiten declarar una emergencia de interés nacional conforme a la Ley de Protección Civil. Esa afirmación puede ser correcta, pero no responde exactamente a lo solicitado por Vivas y Feijóo, que apelan a la Ley de Seguridad Nacional.
El artículo 23 contempla una situación que requiere coordinación reforzada bajo la dirección del Gobierno. El artículo 24 permite declararla mediante real decreto, fijar el territorio afectado, la duración, los recursos necesarios y, en su caso, una autoridad funcional.
El Ejecutivo puede considerar que todavía no concurren las condiciones. Lo que no resulta aceptable es descartar la petición citando una legislación distinta mientras Ceuta soporta en apenas unos días entradas equivalentes a cerca del 2 % de su población.
Centros saturados y menores sin espacio
Las cifras comunicadas por la Ciudad Autónoma reflejan el colapso. Alrededor de 700 de las personas llegadas serían menores y más de un millar aguardaban ante un centro de acogida con algo más de 500 plazas.
Los menores tienen derecho a protección y asistencia. Precisamente por eso, permitir que lleguen a instalaciones saturadas constituye un fracaso del Estado. La humanidad no consiste en dejar abierta de hecho una ruta que termina en el mar o en centros desbordados, sino en impedir las salidas peligrosas, identificar a cada persona y aplicar la ley.
La Guardia Civil no puede sustituir indefinidamente una política de frontera. Los agentes necesitan efectivos, medios, instrucciones claras y cooperación efectiva de Marruecos.
La sentencia exige una respuesta política
El Tribunal Supremo confirmó el 8 de julio que la legislación actual no permite aplicar el rechazo inmediato a quienes intentan entrar a nado en Ceuta o Melilla. Esa modalidad queda limitada a quienes superan elementos físicos de contención, como las vallas.
La sentencia debe cumplirse. Pero el Gobierno tiene la obligación de analizar sus consecuencias y promover una reforma legal compatible con la Constitución y el derecho europeo si existe un vacío operativo.
España y Marruecos han acordado finalmente agilizar las repatriaciones de quienes hayan entrado ilegalmente, y Fernando Grande-Marlaska viajará a Ceuta este viernes. La reacción llega después de más de una semana de presión creciente.
Sánchez debe recuperar la frontera
Ceuta es España y frontera exterior de la Unión Europea. Feijóo tiene razón en lo esencial: el Gobierno debe recuperar el control inmediatamente. El despliegue concreto del Ejército admite matices técnicos, pero no puede ocultar que los medios utilizados hasta ahora han sido insuficientes.
Pedro Sánchez debe decidir si activa la Ley de Seguridad Nacional o presenta una alternativa de eficacia equivalente. Lo que no puede hacer es negar la gravedad, refugiarse en tecnicismos y confiar en que Marruecos resuelva por sí solo una crisis que afecta a la soberanía española.
Una frontera sin control no es una política humanitaria. Es una oportunidad para las mafias, un riesgo mortal para quienes intentan cruzarla y una condena para quienes deben afrontar las consecuencias. Ceuta necesita mando, medios y ley. Hasta ahora ha recibido demora, saturación y excusas.
