El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, del Partido Popular, ha admitido que la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias comunicó al Ayuntamiento la detección de contaminación en una muestra de agua recogida en Playa Jardín. El aviso fue enviado por correo electrónico el 23 de junio y, según explicó el mandatario municipal durante el pleno celebrado este lunes, fue leído al día siguiente.

El reconocimiento contradice parcialmente la versión ofrecida por el propio alcalde apenas tres días antes. En una rueda de prensa celebrada el viernes, Afonso sostuvo que el Consistorio no había recibido ninguna comunicación oficial de Salud Pública que recomendara o exigiera el cierre de la playa y defendió que, por tanto, el Ayuntamiento no podía adoptar una medida sanitaria que no le había sido notificada.

El Gobierno municipal llegó a presentar un certificado de la Secretaría accidental en el que se indicaba que durante los días 22 y 23 de junio no había tenido entrada en el registro del Ayuntamiento ninguna comunicación oficial para cerrar Playa Jardín. Sin embargo, el alcalde ha reconocido ahora que sí existió un correo electrónico remitido por Salud Pública, aunque este no fue consultado hasta un día después de su envío.

La muestra cuestionada fue obtenida en el punto PM5, situado en la zona de El Charcón, y presentó índices de contaminación microbiológica. El episodio quedó registrado entre los días 22 y 24 de junio en Náyade, el sistema estatal de información sobre la calidad de las aguas de baño, que lo calificó como una contaminación de corta duración y recogió una prohibición temporal del baño. Las fechas coincidieron con la celebración de la víspera de San Juan, que congregó a miles de personas en el litoral portuense.

Salud Pública sostiene que siguió el procedimiento habitual y que comunicó la incidencia al Ayuntamiento tanto por teléfono como por correo electrónico. El organismo autonómico señaló que este sistema forma parte del protocolo utilizado habitualmente para trasladar este tipo de avisos a los municipios, que son finalmente los responsables de decretar el cierre de las zonas de baño.

El Ayuntamiento mantiene, no obstante, que las analíticas realizadas posteriormente ofrecieron resultados favorables. El Gobierno local asegura que tanto las nuevas muestras tomadas por Salud Pública como los análisis encargados a un laboratorio independiente confirmaron una calidad excelente del agua y descartaron una contaminación continuada o generalizada en el conjunto de Playa Jardín.

El Ejecutivo formado por Partido Popular, Asamblea Ciudadana Portuense y Coalición Canaria considera que se trató de un resultado aislado y sostiene que deberá investigarse técnicamente la causa de la discrepancia entre esa muestra y las posteriores. Esa explicación, sin embargo, no aclara por qué el primer aviso no fue atendido inmediatamente ni quién recibió la comunicación telefónica que Salud Pública asegura haber realizado.

El PSOE exige conocer quién sabía qué

El portavoz socialista en Puerto de la Cruz, Marco González, ha acusado al Gobierno municipal de cambiar su versión y ha reclamado responsabilidades políticas por lo que considera una actuación marcada por la falta de transparencia.

El PSOE sostiene que el alcalde pasó de afirmar que no había recibido ninguna comunicación a reconocer, durante el pleno, que el correo sí llegó al Ayuntamiento. Los socialistas también exigen que se identifique a la persona del Gobierno municipal que habría mantenido la conversación telefónica con Salud Pública.

La formación ha anunciado que solicitará la celebración de un pleno extraordinario para esclarecer lo ocurrido durante los días 22 y 23 de junio. González asegura además que su grupo pidió acceso a toda la documentación relacionada con el episodio y que todavía no la ha recibido.

El caso vuelve a situar bajo escrutinio la gestión de Playa Jardín, que permaneció cerrada durante casi un año por problemas de contaminación antes de su reapertura, el 17 de junio de 2025. La controversia ya no se limita a determinar la calidad actual del agua, sino que obliga al Ayuntamiento a explicar con precisión cuándo conoció el aviso sanitario, quién lo recibió, qué decisiones se adoptaron y por qué la playa permaneció abierta.

La existencia de resultados posteriores favorables no elimina la necesidad de aclarar cómo se gestionó la primera muestra. En una cuestión que afecta directamente a la salud pública y a la confianza de residentes y visitantes, la administración municipal deberá aportar la documentación completa y reconstruir una cronología que, hasta ahora, continúa presentando importantes interrogantes.