El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido presentar a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como candidata española a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La elección se celebrará el próximo 16 de noviembre y enfrentará, al menos, a la dirigente de Sumar con el actual responsable del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo.

La propuesta ha sido presentada por La Moncloa como el reconocimiento internacional a una gestión marcada por la reforma laboral, el aumento del salario mínimo y la reducción de la temporalidad. El Ejecutivo atribuye a Díaz una treintena de acuerdos alcanzados mediante el diálogo social y sostiene que su trayectoria la convierte en una candidata idónea para encabezar la principal institución mundial dedicada a las relaciones laborales.

Sin embargo, el nombramiento también deja una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿es razonable presentar como modelo internacional una política laboral que todavía acumula importantes asignaturas pendientes dentro de España?

La candidatura llega después de que Yolanda Díaz no haya conseguido sacar adelante la que había presentado como medida estrella de la legislatura: la reducción de la jornada máxima de 40 a 37,5 horas semanales. El proyecto fue rechazado por el Congreso el 10 de septiembre de 2025, después de que prosperasen las enmiendas de devolución presentadas por el PP, Vox y Junts. La votación terminó con 178 votos favorables a devolver el texto y 170 en contra.

Tampoco resulta menor la situación del mercado laboral español. Aunque el empleo y la afiliación han aumentado y la temporalidad se ha reducido, España registraba en mayo de 2026 una tasa de paro del 10,3%, la segunda más elevada de la Unión Europea, únicamente por detrás de Finlandia. Entre las seis mayores economías comunitarias, España continuaba ocupando con diferencia la peor posición.

Estos datos no anulan los avances conseguidos durante su etapa en Trabajo, pero sí obligan a relativizar el relato triunfalista difundido por el Ejecutivo. Dirigir la OIT exige afrontar problemas de empleo, productividad, competitividad, protección social y negociación colectiva en países con realidades muy distintas. La experiencia española ofrece resultados positivos, pero está lejos de constituir un éxito completo e indiscutible.

Una candidata al diálogo enfrentada con los empresarios

La principal dificultad de Díaz puede encontrarse precisamente en la naturaleza de la OIT. El organismo funciona mediante una estructura tripartita en la que participan gobiernos, sindicatos y organizaciones empresariales. En la elección del director general votan 28 representantes gubernamentales, 14 sindicales y 14 empresariales.

La vicepresidenta cuenta con el respaldo público de UGT y Comisiones Obreras, pero llega a la carrera internacional con una relación muy deteriorada con la patronal española. CEOE y Cepyme se han desmarcado de varias de las últimas iniciativas del Ministerio de Trabajo y han acusado al departamento de sustituir el diálogo tripartito por acuerdos bilaterales con los sindicatos. El propio presidente de CEOE, Antonio Garamendi, llegó a advertir que acudiría a la OIT para denunciar la actuación del Gobierno español.

La contradicción resulta evidente: el Ejecutivo presenta a Díaz como una especialista en el consenso cuando una parte esencial del diálogo social cuestiona actualmente su manera de negociar. Haber alcanzado numerosos acuerdos en el pasado constituye un mérito objetivo, pero no permite ignorar el enfrentamiento institucional que ha caracterizado la última etapa de su mandato.

La OIT necesita una dirección capaz de mediar entre intereses contrapuestos, no una plataforma desde la que exportar las batallas ideológicas de la política española. La organización atraviesa además una grave crisis de liquidez por el impago de aportaciones de varios países. A mediados de julio acumulaba 368 millones de francos suizos en contribuciones pendientes y había tenido que afrontar recortes de personal y congelaciones de contratación.

Una candidatura sin explicaciones suficientes

La nota difundida por La Moncloa enumera los logros que el Gobierno atribuye a la vicepresidenta, pero no explica si se estudiaron otros perfiles, qué criterios comparativos se siguieron para escogerla o qué estrategia diplomática sostendrá su campaña. La designación aparece así como una decisión adoptada desde la cúpula del Ejecutivo y presentada directamente como candidatura nacional.

El Gobierno también promueve al ministro de Agricultura, Luis Planas, para dirigir la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura —la FAO—. Impulsar simultáneamente a dos ministros españoles para encabezar dos grandes agencias internacionales abre dudas sobre la capacidad de España para concentrar apoyos diplomáticos y evitar que ambas campañas terminen compitiendo por respaldos semejantes.

La candidatura de una española y de la primera mujer que podría dirigir la OIT tiene un indudable valor institucional. Pero ese componente simbólico no puede sustituir el examen de la gestión. El Gobierno debe explicar por qué considera a Díaz la mejor candidata disponible y cómo piensa convencer a los representantes empresariales y a los gobiernos que observan con recelo su trayectoria política.

Yolanda Díaz tiene derecho a aspirar al puesto y España a defender una candidatura propia. Lo discutible es que el Ejecutivo presente la operación como una consecuencia natural de una gestión incontestable. La vicepresidenta deja tras de sí avances laborales reconocibles, pero también una reforma emblemática frustrada, una relación rota con la patronal y un país que continúa situado a la cabeza del desempleo europeo.

Antes de convertir su política laboral en un producto de exportación, el Gobierno debería rendir cuentas sobre los problemas que todavía no ha sido capaz de resolver en casa.