Un dictamen oficial que señala al expresidente
El Parlamento de Canarias ha dejado por escrito su conclusión más severa sobre la actuación de Ángel Víctor Torres durante la contratación sanitaria de la pandemia. El dictamen definitivo de la comisión de investigación, publicado en el Boletín Oficial de la Cámara, atribuye al entonces presidente autonómico una responsabilidad política «singular y agravada» por su intervención en varios de los expedientes examinados, especialmente los relacionados con Soluciones de Gestión y con el proyecto de pruebas diagnósticas de Megalab.
El documento fue aprobado por la mayoría formada por Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Herreña Independiente y Vox. PSOE, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera rechazaron sus conclusiones y abandonaron el pleno antes de la votación, al considerar que la investigación había sido utilizada con fines partidistas. Esa división obliga a distinguir entre dos planos: las conclusiones políticas aprobadas por el Parlamento y la situación judicial de Torres, que no figura investigado por estos hechos ni ha sido acusado de haber recibido comisiones.
El dictamen, sin embargo, supone un golpe político de considerable alcance para quien presidió Canarias entre 2019 y 2023 y actualmente ocupa el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. La comisión sostiene que Torres no fue un observador ajeno a los expedientes controvertidos, sino que mantuvo una interlocución continuada con Koldo García y realizó gestiones para desbloquear pagos pendientes a una empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama.
Los mensajes que comprometen su relato político
La comisión incorpora una cronología basada en documentación y en informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Entre las comunicaciones recogidas figura un mensaje del 3 de julio de 2020 en el que Torres trasladó a Koldo García que estaba «encima de tu pago». Días después, ante las dificultades para abonar facturas de Soluciones de Gestión, el entonces presidente escribió que resolvería el asunto y terminó comunicando que se había dado la orden de pago.
Según el dictamen, Torres siguió personalmente la evolución de unas facturas cuyo abono había quedado condicionado a comprobaciones administrativas y técnicas. El documento también recoge que el entonces viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, informó a Koldo García de que ambos estaban trabajando en el asunto. La comisión interpreta esta secuencia como una intervención activa de la Presidencia para acelerar el desenlace del expediente.
Los mensajes no prueban por sí mismos que Torres participara en una actividad delictiva ni que obtuviera beneficio económico alguno. Sí muestran, de acuerdo con la conclusión parlamentaria, un nivel de implicación política mayor que el que el ministro había defendido inicialmente en sus comparecencias. Esa diferencia entre el relato ofrecido públicamente y la documentación conocida después constituye uno de los elementos centrales del dictamen.
Las contradicciones señaladas por la comisión
Otro de los puntos más delicados afecta a la relación de Torres con Ignacio Díaz Tapia, representante de Megalab. En una comparecencia ante el Congreso, el dirigente socialista afirmó no conocerlo ni recordar haberse reunido con él. Posteriormente reconoció que sí se había celebrado un encuentro en agosto de 2020 y atribuyó su primera respuesta a un olvido.
La comisión sostiene que la propuesta de Megalab llegó al Gobierno de Canarias mediante un circuito de interlocución política en el que participaron Koldo García, Víctor de Aldama y distintos responsables públicos. Su dictamen considera que el origen y la configuración del proyecto no respondieron inicialmente a una necesidad técnica identificada por el Servicio Canario de la Salud, sino a contactos promovidos desde fuera de los cauces administrativos ordinarios.
Torres ha defendido que aquellas gestiones perseguían establecer corredores seguros y proteger la conectividad y la actividad turística de Canarias en uno de los momentos más críticos de la pandemia. También ha sostenido que no ordenó adjudicar contratos a empresas concretas y que interesarse por facturas pendientes formaba parte de su obligación como presidente ante las numerosas incidencias que llegaban a su despacho.
La defensa de Torres y el límite judicial
Tras conocerse el dictamen, el ministro lo calificó de «sectario, manipulador y tendencioso» y acusó a la mayoría parlamentaria de intentar deteriorar su imagen y la gestión del anterior Ejecutivo. El PSOE sostiene que el texto selecciona testimonios y documentos de forma parcial, omite el contexto excepcional de la emergencia sanitaria y confunde la actuación política de coordinación con las competencias reservadas a los órganos de contratación.
La situación judicial es distinta de la conclusión política. Los investigadores no han atribuido hasta ahora a Torres el cobro de comisiones ni han encontrado indicios suficientes para dirigir contra él una imputación penal. Su aparición en informes y comunicaciones se relaciona con gestiones efectuadas cuando presidía el Gobierno autonómico, pero la causa judicial se ha concentrado en otras personas vinculadas a la presunta trama.
Esa precisión no elimina el efecto institucional del dictamen. El Parlamento ha concluido formalmente que el expresidente ejerció presiones, mantuvo contactos directos con intermediarios y ofreció explicaciones que no encajan por completo con la documentación examinada. La controversia ya no reside únicamente en lo que afirma la oposición, sino en una resolución política aprobada y publicada oficialmente por la Cámara canaria.
Un desgaste que alcanza al PSOE de Canarias
Las conclusiones sitúan a Torres ante una cuestión de responsabilidad política que seguirá acompañándolo mientras continúe en el Gobierno de España y al frente del socialismo canario. La oposición dispone ahora de un documento oficial para exigir nuevas explicaciones sobre quién abrió las puertas de la Administración a determinados intermediarios, por qué la Presidencia se involucró en pagos concretos y qué controles fallaron durante la emergencia.
Para los ciudadanos, el asunto afecta directamente a la transparencia en el uso de fondos públicos y a la capacidad de la Administración para preservar los criterios técnicos incluso bajo una presión excepcional. El dictamen no declara culpabilidades penales, pero sí concluye que el máximo responsable político del Gobierno canario participó de forma intensa en decisiones que debían haber quedado protegidas por procedimientos administrativos claros y trazables.
