El Cabildo de Gran Canaria volverá a licitar durante la primera quincena de agosto la ampliación y reforma del Estadio de Gran Canaria por 234 millones de euros, después de que el primer concurso, valorado en 174,7 millones, quedara desierto a comienzos de julio al no presentarse ninguna empresa.

El nuevo presupuesto supone un incremento aproximado del 34 % y obliga a reforzar la financiación pública y privada prevista para el proyecto. La Corporación insular aportará 134 millones de euros, la UD Las Palmas mantiene su compromiso de 60 millones, el Gobierno de Canarias incorporará 25 millones y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contribuirá con otros 15. El Cabildo negocia además una posible participación económica del Estado.

La reforma, denominada ‘La Nube’, está ligada a la designación de Gran Canaria como una de las sedes españolas del Mundial de Fútbol de 2030. El calendario obliga a terminar los trabajos durante 2029 para cumplir las exigencias de la FIFA y disponer de margen suficiente antes de la celebración del torneo.

Un primer concurso sin ninguna oferta

La primera licitación fue publicada en junio con un presupuesto base de 174,7 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de 36 meses. Ninguna constructora presentó una oferta antes de que finalizara el procedimiento.

Las empresas habían advertido de que el presupuesto podía resultar insuficiente ante el encarecimiento de los materiales, la complejidad técnica de la obra y los costes adicionales derivados de la insularidad. También generaba dudas la obligación de compatibilizar los trabajos con la actividad deportiva regular de la UD Las Palmas y el ajustado calendario exigido para llegar a 2029.

Después de quedar desierto el concurso, el Cabildo abrió conversaciones con cuatro empresas consideradas solventes para estudiar un procedimiento negociado. Según la institución, ninguna de ellas consideró posible ejecutar el proyecto dentro del presupuesto inicial, lo que llevó a actualizar los precios y preparar una segunda licitación.

El presidente insular, Antonio Morales, rechaza que el resultado del primer concurso constituya un fracaso y atribuye el encarecimiento a una alteración extraordinaria del mercado internacional. El Cabildo menciona el aumento del coste del transporte marítimo, los aranceles, la inestabilidad internacional y la subida del precio del acero, el aluminio, el hormigón y la mano de obra especializada.

La explicación económica resulta plausible, pero el incremento obliga a examinar también la calidad de la primera estimación. Una obra que pasa de una previsión inicial de 114 millones a 174 y posteriormente a 234 ha experimentado una transformación presupuestaria demasiado relevante como para reducirla únicamente a factores externos.

Cuatro financiadores y una instalación pública

El Cabildo continuará siendo el principal financiador del proyecto, con 134 millones de euros. El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas se incorporan ahora con 25 y 15 millones, respectivamente, mientras la UD Las Palmas mantiene los 60 millones anunciados en marzo.

La aportación del club se vincula a un acuerdo para negociar la cogestión de la instalación una vez terminada la reforma. La Corporación insular insiste en que el estadio mantendrá íntegramente su titularidad pública, aunque el modelo concreto de explotación y reparto de ingresos todavía deberá definirse.

La participación de varias administraciones permite cubrir el aumento, pero también exige mayor transparencia. Los contribuyentes deben conocer qué obligaciones asume cada entidad, cómo se distribuirán los posibles sobrecostes y qué derechos obtendrá la UD Las Palmas a cambio de su aportación.

El Cabildo sostiene que ha captado 100 millones externos procedentes del club, el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento. Sin embargo, 40 millones corresponden a recursos públicos de otras administraciones. La cooperación institucional resulta positiva, pero no reduce el coste para el conjunto de los contribuyentes.

Un estadio para 41.854 espectadores

El proyecto elevará el aforo actual desde unas 32.400 localidades hasta 41.854 espectadores. La intervención incorpora una nueva cubierta de diseño singular, una fachada con referencias a las pintaderas canarias y una modernización integral de las instalaciones.

Las obras afectarán a la estructura, la envolvente, los acabados, la accesibilidad, la eficiencia energética y los sistemas tecnológicos. También se reorganizarán los aparcamientos y se reforzará la conexión con las plazas disponibles en el entorno para grandes acontecimientos.

La propuesta ganadora fue diseñada por el estudio L35, responsable de proyectos deportivos internacionales. El diseño busca transformar el recinto en un equipamiento multifuncional capaz de albergar fútbol, espectáculos y otros eventos, además de responder a los requisitos establecidos por la FIFA.

La actuación se desarrollará por fases para mantener parte del estadio en funcionamiento. Ese condicionante añade complejidad técnica y económica, porque la obra deberá coordinarse con los partidos y la actividad ordinaria del club.

La presión del Mundial de 2030

El Cabildo defiende que la nueva hoja de ruta permite mantener los plazos exigidos para el Mundial. La licitación se publicará en agosto y la institución aspira a iniciar los trabajos con tiempo suficiente para concluirlos en 2029.

El margen es reducido. Un nuevo concurso desierto, un recurso contractual, problemas técnicos durante la ejecución o nuevos sobrecostes podrían comprometer el calendario. La patronal de la construcción ha optado por esperar a conocer las condiciones actualizadas antes de valorar si el nuevo presupuesto resultará atractivo para las empresas.

La designación como sede mundialista ofrece una oportunidad de proyección y actividad económica para Gran Canaria. También ha convertido el calendario de la FIFA en una fuente de presión sobre las administraciones, que deben evitar que la urgencia debilite los controles sobre la contratación y el gasto.

La celebración del Mundial no puede justificar cualquier precio ni convertir cada incremento en inevitable. El proyecto debe cumplir los plazos, pero también acreditar que su coste es razonable, que la financiación está garantizada y que la infraestructura tendrá una utilidad sostenible después de 2030.

El segundo concurso será el verdadero examen

La nueva licitación demuestra que el Cabildo mantiene su apuesta por reformar el estadio y conservar la sede mundialista. La incorporación del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento permite cubrir el aumento presupuestario y ofrecer a las constructoras unas condiciones económicas más próximas al mercado.

El verdadero examen llegará cuando se publique el nuevo pliego. Será necesario comprobar si únicamente cambia el precio o si también se modifican los plazos, las condiciones técnicas, las penalizaciones y la organización de las fases.

Gran Canaria necesita resolver una infraestructura que durante años ha sido considerada incompleta y poco adecuada para grandes acontecimientos. Pero una inversión de 234 millones exige algo más que ambición: requiere competencia real entre empresas, vigilancia sobre los costes y rendición de cuentas durante toda la ejecución.

El primer concurso terminó sin una sola oferta. El segundo deberá demostrar que el nuevo presupuesto corrige el problema sin transformar el Mundial en una vía abierta para encarecimientos sucesivos.