La contratación pública se ha convertido en uno de los principales puntos débiles del Gobierno de Arona que preside Fátima Lemes. En apenas unos meses, el Ayuntamiento ha acumulado un servicio esencial sostenido mediante una continuidad excepcional, dos grandes concursos recurridos y una carrera contrarreloj para evitar que la limpieza viaria llegue a febrero de 2027 sin un nuevo contrato adjudicado.

El caso más inmediato es el de la grúa municipal. El contrato anterior agotó su vigencia el pasado 4 de abril sin que estuviera preparada la nueva licitación. La resolución firmada por la alcaldesa reconoció que el expediente sustitutorio todavía se encontraba en fase de tramitación y elaboración de los pliegos cuando venció el servicio anterior.

Para impedir su interrupción, Lemes resolvió la discrepancia administrativa y autorizó un gasto de 298.980,72 euros con el fin de mantener provisionalmente la prestación desde el 5 de abril hasta la entrada en vigor del nuevo contrato, con el 4 de enero de 2027 como límite. La continuidad salió adelante pese al informe desfavorable de la Jefatura de Contratación y al reparo suspensivo formulado por Intervención por la omisión de requisitos o trámites considerados esenciales.

La medida permitió evitar la desaparición total del servicio, pero no ha terminado con las deficiencias denunciadas por la oposición. El PSOE llevó al pleno de julio una pregunta en la que aseguró que los partes de la Policía Local reflejan incidencias reiteradas entre abril y julio, la ausencia de grúa nocturna desde el 22 de junio, una sola unidad durante el día y demoras que habrían afectado a actuaciones policiales y a la seguridad vial. Los socialistas también preguntaron por qué el Gobierno municipal no había abierto expedientes por posibles incumplimientos.

La grúa no es un episodio aislado. El contrato para el mantenimiento de edificios municipales y vías públicas, valorado en 10,6 millones de euros durante cuatro años y adjudicado a Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, quedó sometido a incertidumbre después de que se admitiera a trámite el recurso presentado por la empresa clasificada en segundo lugar.

Era el segundo gran concurso recurrido en un periodo reducido. El expediente de mantenimiento de zonas verdes ya había tenido que retrotraerse en septiembre de 2025 tras detectarse un error en el estudio económico relacionado con los costes de personal. Las impugnaciones forman parte de los mecanismos ordinarios de garantía de la contratación pública y no demuestran por sí mismas una irregularidad, pero su acumulación obliga a examinar si los expedientes se están preparando con el tiempo y la solidez técnica necesarios.

A esta situación se suma el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria. El servicio vigente, diseñado para la Arona de 2010 y con un coste aproximado de 12 millones de euros anuales, termina el 3 de febrero de 2027. El Gobierno local ha impulsado una modificación para incorporar 27 trabajadores, una medida que el PSOE considera insuficiente porque, según denuncia, no incluye nuevos camiones, barredoras ni maquinaria y apenas supondrá cuatro o cinco operarios adicionales por turno una vez distribuidos descansos, vacaciones y festivos.

La oposición sostiene además que los trabajos para la nueva licitación comenzaron demasiado tarde y que el encargo a Gesplan para elaborar los pliegos no permitirá completar a tiempo todo el procedimiento. Esa afirmación debe ser respondida con un calendario oficial que detalle cuándo estarán terminados los documentos, cuándo se publicará el concurso, cuánto durará la evaluación de ofertas y qué alternativa jurídica se aplicará si el nuevo contrato no entra en vigor antes de febrero.

Arona es un municipio de más de 100.000 habitantes, con una elevada presión turística, una amplia extensión territorial y servicios públicos que no pueden depender permanentemente de continuidades excepcionales, reparos levantados o soluciones provisionales. La responsabilidad del Gobierno no consiste únicamente en evitar que un contrato se interrumpa, sino en anticipar su vencimiento y garantizar procedimientos sólidos, competitivos y ajustados a la ley.

Fátima Lemes debe ofrecer una explicación conjunta sobre el estado de los grandes contratos municipales. Cada expediente puede tener circunstancias diferentes, pero la sucesión de problemas ya permite hablar de una señal de alarma. Cuando la contratación se atasca, las consecuencias no se quedan en los despachos: llegan a las calles, a los trabajadores y a los vecinos que esperan servicios básicos capaces de responder.