El Gobierno municipal de Puerto de la Cruz ha vuelto a mover su línea de defensa sobre el episodio de contaminación detectado en Playa Jardín durante las celebraciones de San Juan. Después de que el alcalde, Leopoldo Afonso, admitiera que la Dirección General de Salud Pública remitió un correo electrónico el 23 de junio y que este fue leído durante la tarde del día siguiente, el Ayuntamiento sostiene ahora que nunca recibió una orden formal que obligara a cerrar la zona de baño.
La precisión no es menor. La controversia ya no gira en torno a si existió o no una comunicación de Salud Pública, sino sobre el alcance jurídico y operativo de aquella advertencia. El consistorio asegura que no ocultó ni desobedeció ninguna instrucción porque entre los días 22 y 24 de junio no entró en el registro municipal una notificación administrativa que ordenara expresamente prohibir el baño. La primera comunicación formal, según la versión municipal, se registró el día 25 y señalaba que no era necesario mantener ninguna restricción después de que las muestras de contraste arrojaran resultados favorables.
El episodio comenzó con una muestra tomada el 22 de junio por Salud Pública en el punto PM5, correspondiente a la zona de El Charcón, que ofreció un resultado microbiológico desfavorable. El Ayuntamiento afirma que se trató de una incidencia localizada y que las analíticas encargadas a un laboratorio independiente el día 23 dieron resultados óptimos en las tres zonas de baño de Playa Jardín. También sostiene que los análisis posteriores realizados por la propia autoridad sanitaria se situaron dentro de los parámetros establecidos.
La defensa municipal puede explicar por qué el Gobierno local considera que no desobedeció una resolución administrativa. Sin embargo, no cierra todas las preguntas abiertas. Salud Pública había enviado un correo electrónico que advertía del resultado desfavorable, aunque el alcalde sostiene que no tuvo acceso a él hasta la tarde del 24 de junio. Además, el consistorio todavía debe aclarar con precisión quién recibió la comunicación, a qué direcciones fue remitida, cuál era su contenido íntegro y por qué los protocolos internos no permitieron que la advertencia llegara de manera inmediata a los responsables políticos y técnicos.
El Ayuntamiento también debe publicar las analíticas privadas en las que apoya buena parte de su versión. No basta con afirmar que los resultados eran excelentes: para despejar cualquier sospecha deben conocerse el laboratorio responsable, la hora y el lugar exactos de cada toma, los parámetros analizados y la cadena de custodia de las muestras. La transparencia no puede limitarse a exhibir conclusiones favorables en una rueda de prensa mientras los documentos completos permanecen fuera del alcance de la oposición y de los colectivos vecinales.
La Plataforma Stop Vertidos al Mar ha advertido de que los protocolos de comunicación y actuación no funcionaron como debían y reclama una revisión que garantice una respuesta inmediata ante futuras incidencias. La organización vecinal considera prioritario conocer cómo se gestionó el aviso y qué medidas se adoptarán para evitar que una comunicación sanitaria vuelva a quedar sin atender durante horas decisivas.
Por su parte, el PSOE acusa al alcalde de haber ocultado información y ha anunciado que exigirá responsabilidades políticas. Esa acusación debe tratarse como lo que es: la posición de un grupo de la oposición, no un hecho probado. También resulta obligado recordar que su portavoz, Marco González, figura entre los investigados en las diligencias relacionadas con los vertidos que provocaron el cierre de Playa Jardín en 2024. Esa circunstancia no invalida sus preguntas actuales, pero impide convertirlo en un observador ajeno a las responsabilidades acumuladas durante años en torno al saneamiento del municipio.
El Gobierno de Afonso tiene derecho a defenderse con documentos y a señalar que una muestra aislada fue corregida por análisis posteriores. Lo que no puede hacer es esconder el debate detrás de una cuestión puramente registral. Una alerta sanitaria no deja de ser relevante porque no llegue inicialmente con sello de entrada y fórmula de resolución. La obligación política del Ayuntamiento era contar con un sistema capaz de recibir, escalar y valorar de inmediato cualquier advertencia que afectara a una playa donde se concentraban miles de personas.
La nueva explicación municipal reduce el alcance de la acusación más grave: con la información conocida hasta ahora no puede afirmarse que el alcalde leyera una orden de cierre antes de San Juan y decidiera ignorarla. Pero tampoco demuestra que la gestión fuera impecable. Entre la desobediencia consciente y la actuación correcta existe un espacio llamado negligencia organizativa, y es precisamente ahí donde debe centrarse ahora la investigación pública.
Puerto de la Cruz necesita menos comunicados defensivos y más documentos accesibles. El Ayuntamiento debe publicar el correo de Salud Pública, las analíticas municipales, la comunicación registrada el día 25 y el protocolo que regía la recepción de alertas sanitarias. Solo entonces podrá determinarse si hubo una actuación razonable ante resultados contradictorios o si el sistema municipal falló cuando más necesitaba funcionar.
