Una prioridad presupuestaria difícil de justificar
La Universidad de La Laguna ha convertido su programa de acogida de estudiantes palestinos en una decisión institucional de fuerte contenido político y humanitario, pero también en una cuestión de prioridades presupuestarias que merece una explicación pública. La institución aprobó 45.000 euros dentro de sus presupuestos participativos de 2024 para el proyecto «Solidaridad con las universidades palestinas», una cantidad superior a los 35.000 euros que ese mismo año figuraban previstos para las ayudas destinadas al alumnado de la propia ULL con especiales dificultades económicas.
La comparación no convierte en ilegítima la ayuda humanitaria ni responsabiliza a quienes se benefician de ella. El estudiante gazatí acogido por la ULL procede de una situación extrema, ha sido evacuado mediante un corredor coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y tiene derecho a recibir protección y una oportunidad académica. La controversia se encuentra en otro lugar: cómo decide una universidad pública distribuir recursos limitados y qué prioridad concede a su alumnado más vulnerable.
La propia ULL mantiene convocatorias específicas para estudiantes que sufren enfermedad grave, fallecimiento de familiares, desempleo, ruina o problemas económicos sobrevenidos que dificultan el pago de sus estudios. Es decir, la institución reconoce oficialmente que dentro de sus campus existen alumnos cuya continuidad académica puede verse amenazada por circunstancias económicas graves. Pese a ello, el programa palestino recibió una dotación inicial diez mil euros superior a la línea prevista para esos estudiantes en 2024.
Tres becas y recursos enviados fuera de Canarias
La Universidad anunció el pasado 29 de julio la llegada a Tenerife de uno de los seis estudiantes gazatíes evacuados recientemente a España. El joven permanecerá durante el próximo curso en la ULL y, tras alojarse inicialmente en el domicilio de un profesor, será trasladado a uno de los centros de alojamiento de la institución.
La vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, Inmaculada González, explicó que el proyecto permitió aprobar tres becas para estudiantes. La Universidad trabaja en la llegada de una segunda persona durante este verano, mientras que la tercera renunció por motivos personales. Los recursos correspondientes a esta última beca no han retornado a las partidas de apoyo al alumnado de la ULL, sino que se han destinado a sufragar matrículas de estudiantes gazatíes que permanecen en su lugar de origen.
Esa decisión amplía el debate. El dinero aprobado por una universidad pública canaria ya no se limita a acoger temporalmente a personas evacuadas y matriculadas en Tenerife, sino que también financia estudios fuera del archipiélago. La ULL no ha publicado en su nota informativa el coste individual de cada beca, el importe destinado al alojamiento, los gastos de manutención, los desplazamientos ni la cuantía enviada para matrículas en Gaza.
La solidaridad internacional puede formar parte de la cooperación universitaria, pero no exime de justificar cada euro. Cuando existen estudiantes de las islas que necesitan ayudas para afrontar créditos universitarios, transporte, residencia o circunstancias familiares sobrevenidas, la institución debe explicar por qué esos recursos no se destinan prioritariamente a impedir que su propio alumnado abandone los estudios.
La ayuda para dificultades económicas cae a 10.000 euros
La diferencia resulta todavía más llamativa al consultar el Portal de Transparencia de la Universidad. Para 2026, la relación de líneas de ayudas y subvenciones previstas recoge únicamente 10.000 euros para la convocatoria dirigida al alumnado con especiales dificultades económicas. Se trata de una cuarta parte de los 45.000 euros aprobados para el programa de solidaridad con las universidades palestinas.
Las partidas corresponden a ejercicios y procedimientos distintos, por lo que no puede afirmarse que el programa palestino haya eliminado directamente una ayuda concreta destinada a estudiantes canarios. Sin embargo, todas forman parte de las decisiones presupuestarias de la misma universidad pública y permiten evaluar qué necesidades reciben una respuesta más generosa.
La convocatoria de dificultades económicas, además, está sometida a requisitos estrictos. Se dirige a estudiantes de grado afectados por problemas graves y sobrevenidos que no puedan ser cubiertos por otras ayudas oficiales. Los solicitantes deben acreditar documentalmente su renta, la composición familiar, las circunstancias excepcionales y el cumplimiento de condiciones académicas. Frente a ese sistema reglado, la información divulgada sobre las becas palestinas no permite conocer públicamente los criterios económicos de selección ni el desglose completo de los gastos asumidos.
Una web oficial que todavía marca un cero por ciento
La gestión presenta además una contradicción de transparencia. La página oficial de los presupuestos participativos continúa calificando el proyecto «Solidaridad con las universidades palestinas» como no ejecutado y mantiene su grado de ejecución en el 0 %. Esa información no encaja con el anuncio de la llegada del primer estudiante, la aprobación de tres becas y la utilización de parte de los recursos para pagar matrículas en el extranjero.
Puede tratarse de una simple falta de actualización, pero una universidad que presenta los presupuestos participativos como una herramienta de transparencia y control ciudadano no debería mantener datos incompatibles entre dos apartados de su propia página web. La comunidad universitaria tiene derecho a conocer cuánto se ha gastado, qué obligaciones permanecen pendientes y cuál es el destino exacto de los fondos.
La ULL debería publicar el expediente económico completo del programa, aclarar la ejecución real de los 45.000 euros y explicar por qué su línea de ayudas a estudiantes con especiales dificultades aparece dotada con solo 10.000 euros en 2026. La solidaridad con quienes huyen de una guerra puede ser defendible, pero no debe utilizarse para evitar una pregunta elemental: si hay dinero público para financiar estudios fuera de Canarias, ¿por qué la protección económica del alumnado más vulnerable de la propia Universidad recibe una dotación sensiblemente menor?
