La Universidad de La Laguna ha decidido comportarse cada vez menos como una institución académica plural y cada vez más como una cancillería ideológica. Bajo el rectorado de Francisco García, la ULL ha roto relaciones institucionales con universidades israelíes, ha destinado 45.000 euros a un programa vinculado a centros palestinos y ha aprobado conceder el doctorado honoris causa a Francesca Albanese.

Nadie discute que la universidad pueda analizar la guerra de Gaza, organizar debates o ayudar a estudiantes atrapados en un conflicto. Lo discutible es que el Rectorado adopte una posición unilateral, convierta una interpretación política en doctrina institucional y utilice recursos públicos y distinciones académicas para reforzarla.

Una universidad pública no es un partido

La ULL anunció en junio de 2024 que no firmaría nuevos convenios de movilidad, investigación o doctorado con universidades israelíes mientras estas no condenaran expresamente la actuación de su Gobierno. Incluso planteó exigir a investigadores israelíes una declaración de adhesión contra la ocupación y los crímenes de guerra.

La medida resulta difícil de conciliar con la libertad académica. Las universidades israelíes no son el Gobierno de Benjamin Netanyahu y dentro de ellas existen profesores y alumnos críticos con la guerra. Castigar a toda una comunidad académica por la política de su Estado introduce una lógica de depuración ideológica que una universidad pública debería rechazar.

La pregunta es evidente: ¿aplicará la ULL el mismo criterio a universidades de países implicados en otras guerras, dictaduras o violaciones de derechos humanos? Si la respuesta es no, estamos ante una selección política de causas, no ante un principio coherente.

Los 45.000 euros y las prioridades

El programa «Solidaridad con las universidades palestinas» recibió 45.000 euros dentro de los presupuestos participativos de 2024. La cantidad se ha empleado para acoger a un estudiante evacuado de Gaza, preparar una segunda acogida y pagar matrículas de personas que continúan allí.

La finalidad humanitaria puede ser defendible, pero el Rectorado debe explicar por qué esta causa merece una partida específica y cómo se compara con las necesidades del alumnado canario. La ULL sí ofrece ayudas para estudiantes con dificultades económicas, comedor, guardería y matrícula; negarlo sería injusto. Sin embargo, eso no elimina la obligación de justificar cada prioridad.

Canarias tiene jóvenes que abandonan sus estudios por falta de recursos, familias incapaces de pagar alojamiento y alumnos que soportan costes de transporte elevados. Una universidad financiada con dinero público debe demostrar que no convierte la solidaridad exterior en una operación de prestigio mientras las necesidades cercanas siguen sin cubrirse plenamente.

Un honoris causa convertido en declaración política

La concesión del doctorado honoris causa a Francesca Albanese culmina esa politización. La distinción debería reconocer una trayectoria excepcional y generar un consenso amplio. En este caso, la propia candidatura vincula el nombramiento con el compromiso de la ULL contra el genocidio en Palestina.

Albanese puede ser invitada a dar conferencias y sus informes pueden estudiarse y debatirse. Elevarla a la máxima distinción honorífica es otra cosa: convierte una posición controvertida en símbolo oficial de toda la universidad, incluidos quienes no la comparten.

Francisco García tiene derecho a mantener sus opiniones. Lo que no debería hacer es confundirlas con la voz de la Universidad de La Laguna. La ULL debe ser un espacio de conocimiento, contraste y pluralismo, no una plataforma para premiar aliados ideológicos, vetar comunidades académicas enteras y financiar causas seleccionadas por su dirección.

A la Universidad de La Laguna no le sobra el dinero ni le sobra credibilidad. Antes de actuar como actor diplomático, su rector debería recordar para qué existe: enseñar, investigar y servir con neutralidad a la sociedad canaria.