Un relato oficial que no coincide con Ceuta

El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que unas 70.000 de las 72.000 personas que entraron irregularmente en Ceuta durante la crisis fronteriza ya han regresado a Marruecos. La cifra fue defendida este martes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien situó en torno a 2.000 el número de migrantes que todavía permanecerían en territorio español.

Sin embargo, la realidad descrita desde la ciudad autónoma no coincide plenamente con ese balance. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha estimado que todavía permanecen entre 3.000 y 5.000 personas, una horquilla que duplica o incluso supera ampliamente el cálculo trasladado por el Ejecutivo central. La diferencia no es una cuestión menor, porque determina si la crisis está realmente bajo control o si miles de personas continúan fuera de los registros oficiales.

A esta discrepancia se añaden las informaciones publicadas por medios locales como El Faro de Ceuta y Ceuta al Día, que han documentado la presencia de migrantes escondidos en zonas de monte, viviendas, garajes, portales y asentamientos improvisados. Algunas asociaciones vecinales han denunciado incluso cobros de hasta 100 euros por noche en pisos y espacios utilizados como alojamiento clandestino.

Estos testimonios no permiten afirmar por sí solos que la cifra de 70.000 retornados sea falsa, pero sí obligan al Gobierno a explicar cómo ha realizado el recuento, qué controles respaldan el dato y cuántas personas permanecen todavía sin identificar.

Menores ocultos y centros desbordados

La situación de los menores evidencia especialmente las limitaciones del balance oficial. Ceuta atiende ya a 862 menores migrantes en centros y recursos extraordinarios, pese a que su capacidad estructural estaba preparada para apenas 29 plazas. El propio Gobierno ceutí considera que la cifra terminará superando el millar porque todavía hay niños y adolescentes escondidos o deambulando por las calles sin haber sido identificados.

RTVE ha recogido testimonios y datos que sitúan a menores ocultos en montes, playas, asentamientos e incluso entre las tumbas del cementerio musulmán. Algunos buscan un teléfono para llamar a sus familias en Marruecos, mientras las autoridades intentan localizarlos y trasladarlos a espacios seguros.

Esta realidad cuestiona cualquier presentación triunfalista de los retornos. Si todavía existen menores sin registrar y adultos refugiados en viviendas o parajes de difícil acceso, el número exacto de personas que siguen en Ceuta continúa abierto. El Ejecutivo puede manejar una estimación operativa, pero no debería presentarla como una fotografía cerrada mientras las propias instituciones ceutíes reconocen que desconocen el alcance total de la población oculta.

La falta de coincidencia entre los datos del Gobierno central, la Ciudad Autónoma y los medios desplegados sobre el terreno alimenta una desconfianza que Interior debería despejar con transparencia. No basta con anunciar que la inmensa mayoría ha regresado. Es necesario explicar cuántos retornos fueron voluntarios, cuántos se produjeron mediante procedimientos administrativos y cómo se evitó contabilizar varias veces a una misma persona.

Sánchez, de Ceuta a Lanzarote

Este debate se produce mientras Pedro Sánchez disfruta de sus vacaciones en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote. El presidente llegó a la isla el sábado 1 de agosto, apenas un día después de visitar Ceuta junto a Grande-Marlaska para evaluar las consecuencias de la entrada masiva.

Que un presidente se tome unos días de descanso es legítimo y no significa que deje de ejercer sus funciones. Pero el momento elegido transmite una imagen políticamente difícil de defender: Sánchez permanece en una residencia oficial frente al mar mientras Ceuta sigue buscando personas ocultas, atendiendo a centenares de menores y discutiendo con su propio Gobierno cuántos migrantes continúan en la ciudad.

La crítica no consiste en exigir una presencia física permanente del jefe del Ejecutivo en la frontera. Consiste en reclamar liderazgo, comparecencias y explicaciones proporcionales a una crisis que ha dejado decenas de muertos, servicios públicos desbordados y una grave vulneración de la frontera española.

Desde La Mareta, Sánchez puede continuar informado y adoptar decisiones. Pero el Gobierno no ha aclarado públicamente las diferencias entre sus cifras y las de Ceuta, ni ha ofrecido un desglose suficientemente detallado de los supuestos 70.000 retornos. Esa ausencia de explicaciones refuerza la impresión de que Moncloa pretende cerrar políticamente la crisis antes de que la ciudad haya recuperado realmente la normalidad.

El Gobierno debe demostrar sus cifras

Afirmar que el retorno de 70.000 personas es matemáticamente imposible sería ir más allá de lo que permiten demostrar las informaciones disponibles. Durante varios días se produjeron salidas masivas y regresos voluntarios a Marruecos, por lo que una cifra muy elevada de retornos resulta posible.

Lo que sí puede afirmarse es que el dato oficial está sometido a dudas razonables. Las estimaciones de Vivas, los menores todavía sin identificar, las personas ocultas y las denuncias sobre alojamientos clandestinos dibujan una situación más compleja que la transmitida por Interior.

El Gobierno tiene la responsabilidad de publicar una metodología clara, ofrecer cifras actualizadas y explicar por qué sus cálculos difieren de los manejados por las autoridades ceutíes. Mientras no lo haga, los 70.000 retornos seguirán siendo una estimación gubernamental, no una verdad indiscutible.

Sánchez puede descansar en Lanzarote, pero no debería descansar el control público sobre su gestión. Ceuta necesita seguridad, atención humanitaria y respuestas verificables. España necesita saber cuántas personas entraron, cuántas regresaron y cuántas permanecen todavía escondidas dentro de su territorio.