Las cámaras municipales de seguridad anunciadas para Las Verónicas no estarán instaladas hasta 2027. Así lo ha reconocido la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, que considera el sistema una prioridad y define el punto elegido como la zona de mayor riesgo del principal núcleo de ocio nocturno del municipio.
La fecha supone trasladar la actuación al último año del mandato municipal. Lemes ha explicado que la contratación es administrativamente compleja y que, cuando su Gobierno llegó al Ayuntamiento, los permisos estaban caducando y la tramitación anterior se encontraba vencida. La alcaldesa también recordó que su intención inicial era colocar las cámaras al comienzo de la legislatura.
La explicación puede justificar la necesidad de reiniciar o corregir el procedimiento, pero no elimina la obligación de rendir cuentas sobre el tiempo transcurrido. Si el problema era conocido desde 2023 y el propio Gobierno considera prioritaria la videovigilancia, los vecinos y empresarios tienen derecho a conocer qué gestiones se han realizado, en qué fase se encuentra el expediente y qué impide ejecutar la instalación antes de 2027.
Las Verónicas concentra una parte relevante de la actividad nocturna de Playa de Las Américas y ha sufrido episodios que dañan la seguridad y la imagen turística de Arona. La promesa de instalar cámaras volvió al debate público después de la muerte de un hombre en la zona. Sin embargo, un sistema de videovigilancia no puede presentarse como una solución aislada ni como sustituto de la presencia policial, la inspección de establecimientos, la iluminación, el control del espacio público y la colaboración entre administraciones.
Lemes sostiene que el Ayuntamiento no se ha limitado a esperar. Entre las medidas adoptadas cita un cerramiento, la prohibición de aparcar en determinados espacios, la colaboración con empresarios que han incorporado seguridad y cámaras privadas y el trabajo conjunto de la Policía Local con la Policía Nacional y la Policía Canaria. También afirma que durante el mandato se han reforzado las plantillas policiales con 31 plazas y que se realizan inspecciones con la nueva unidad canina.
Esas actuaciones deben valorarse, pero no explican por sí solas por qué una infraestructura considerada prioritaria necesita prácticamente toda la legislatura para llegar a la calle. La contratación pública exige garantías y no admite atajos, aunque esa exigencia debe ir acompañada de planificación, anticipación y plazos verificables.
El Gobierno municipal debería publicar el cronograma completo del proyecto. Debe precisar cuántas cámaras se instalarán, qué zonas cubrirán, cuál será el presupuesto, cuándo se aprobarán los pliegos, qué autorizaciones son necesarias, quién custodiará las imágenes y qué garantías se aplicarán para proteger la intimidad y cumplir la normativa de protección de datos.
También conviene concretar si 2027 es la fecha prevista para adjudicar el contrato, iniciar los trabajos o tener el sistema plenamente operativo. La diferencia es relevante. Un anuncio genérico puede terminar convirtiéndose en una promesa situada cerca de las elecciones sin resultados efectivos durante el actual mandato.
La seguridad de Las Verónicas no admite propaganda ni improvisación. El Ayuntamiento debe coordinarse con los cuerpos competentes y actuar con todas las garantías, pero también demostrar que la complejidad administrativa no se utiliza como una explicación permanente para los retrasos. Después de reconocer la prioridad y el riesgo, Fátima Lemes queda obligada a ofrecer fechas, presupuesto y avances comprobables.
