Miriam Vega, presidenta de Nuevas Generaciones de Canarias, ha puesto sobre la mesa una de las objeciones más razonables que pueden formularse ante una eventual tasa turística en el Archipiélago: no toda persona que duerme en un hotel canario está haciendo turismo. El problema existe, es específicamente insular y merece ser atendido. Sin embargo, la dirigente juvenil del Partido Popular ha acompañado ese diagnóstico acertado con una afirmación tributaria equivocada que debilita su propio argumento.
Durante una intervención en Radio Faro Canarias, posteriormente difundida por la propia Vega y por NNGG Gran Canaria en sus redes sociales, la presidenta regional planteó el caso de un herreño obligado a trasladarse a Las Palmas de Gran Canaria durante una semana porque un familiar se encuentra enfermo. También recordó que muchos canarios deben alojarse fuera de su isla por motivos laborales, conexiones aéreas o circunstancias familiares. Hasta ahí, su reflexión merece reconocimiento: Canarias no puede copiar de manera automática soluciones diseñadas para territorios continentales, donde desplazarse dentro de una misma comunidad autónoma rara vez obliga a tomar un avión y pagar varias noches de alojamiento.
Vega acierta, además, al rechazar que se trate como turista a quien viaja por necesidad. Un residente de El Hierro que acompaña a un familiar hospitalizado, un trabajador desplazado temporalmente a Tenerife o una persona obligada a pernoctar por la cancelación de un vuelo no generan la misma situación que quien visita las Islas por vacaciones. Una tasa mal diseñada convertiría la fragmentación territorial de Canarias en una nueva factura para los propios canarios.
El problema llega cuando Vega asegura que la tasa, «por su estructura», tendría que ser universal y que ningún canario podría quedar exento. Esa afirmación no es correcta. El principio de generalidad tributaria no significa que todas las personas deban pagar un tributo en cualquier circunstancia ni que el legislador tenga prohibido establecer excepciones. La propia Ley General Tributaria recoge expresamente la posibilidad de aprobar mediante ley exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y otros beneficios fiscales.
No se trata de una posibilidad meramente teórica. El impuesto sobre estancias turísticas de Baleares exime las estancias realizadas por causas de fuerza mayor y las motivadas por razones de salud, incluidas las de las personas acompañantes cuando la situación pueda acreditarse documentalmente. Cataluña también contempla exenciones por motivos de salud, programas sociales y fuerza mayor. El ejemplo concreto utilizado por Vega —el del herreño que debe acompañar a un familiar enfermo— no es, por tanto, un callejón jurídico sin salida: otros territorios ya han regulado soluciones para supuestos semejantes.
Otra cuestión distinta es que una exención automática para cualquier residente canario, basada exclusivamente en su domicilio, pueda presentar problemas de igualdad o de compatibilidad con el Derecho europeo. Ahí sí existe un debate jurídico que exige precisión. Pero la solución no tiene por qué consistir en declarar que todos los canarios quedan exentos por el mero hecho de serlo. Puede construirse mediante causas objetivas y acreditables: asistencia sanitaria, acompañamiento de pacientes, desplazamientos laborales imprescindibles, incidencias graves de transporte, fuerza mayor o determinadas obligaciones administrativas. El criterio debe ser la razón de la estancia, no una discriminación arbitraria por residencia.
La presidenta de NNGG Canarias no está obligada a ser especialista en Derecho Tributario. Sí está obligada, como cualquier dirigente que pretende intervenir con autoridad en el debate público, a comprobar las afirmaciones categóricas que formula. No puede presentar como jurídicamente imposible una solución que aparece expresamente contemplada en la legislación tributaria y que ya aplican otras comunidades autónomas. Una consulta básica habría bastado para conservar la fuerza política de su argumento sin incurrir en un error elemental.
Vega merece el aplauso por mirar la tasa turística desde la realidad de las ocho islas y no desde un despacho peninsular. Ha señalado correctamente que la movilidad interinsular no siempre es voluntaria y que los canarios no deben pagar por las consecuencias de una geografía que ya encarece su vida cotidiana. Pero el buen instinto político no sustituye al estudio. Quien dirige una organización juvenil autonómica debe aportar ideas, formular preguntas incómodas y representar las preocupaciones de su generación, pero también conocer las herramientas legales sobre las que habla.
La tasa turística puede gustar más o menos y su conveniencia para Canarias merece un debate serio sobre recaudación, competitividad, destino de los fondos y presión fiscal. Lo que no merece discusión es que puede incorporar excepciones. Miriam Vega encontró el problema correcto, pero ofreció una respuesta equivocada. En política, acertar con la preocupación es importante; haberse preparado antes de sentar doctrina también.
