El Congreso de los Diputados ha rechazado el real decreto ley con el que el Gobierno pretendía regular las relaciones entre los grupos de interés y el sector público estatal. El texto decayó por 179 votos en contra, 155 a favor y 12 abstenciones, un resultado que impide la creación inmediata del registro público y obligatorio de lobbies previsto por el Ejecutivo.
PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra. PNV, Podemos y tres diputados de Sumar se abstuvieron. La mayoría del socio minoritario del Gobierno terminó apoyando la convalidación después de un debate interno, pero la división y el rechazo del resto de grupos hicieron imposible alcanzar los votos necesarios.
Disputa por sindicatos y patronal
Una de las principales objeciones fue la inclusión de los agentes sociales en el ámbito de la norma. Organizaciones empresariales y sindicales habían mostrado su rechazo a ser tratadas como grupos de interés en actividades vinculadas al diálogo social, cuyo papel está reconocido por la Constitución.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se comprometió durante el pleno a promover antes de que terminara octubre una modificación que aclarase la exclusión de patronal y sindicatos. El anuncio no bastó para modificar el sentido final de la votación. Una diputada de Sumar que había emitido su voto telemáticamente antes del acuerdo de su grupo mantuvo el rechazo, mientras otros tres representantes de esa formación se abstuvieron.
La controversia también afectó al instrumento elegido. El Congreso tramitaba desde febrero de 2025 un proyecto de ley sobre grupos de interés, pero el Gobierno recurrió finalmente a un decreto ley para intentar cumplir un compromiso del Plan de Recuperación. Varios grupos reprocharon al Ejecutivo que sustituyera la negociación parlamentaria ordinaria por una norma de urgencia.
Transparencia pendiente y fondos en riesgo
La regulación pretendía identificar a las organizaciones y profesionales que tratan de influir en decisiones públicas, documentar sus reuniones y establecer obligaciones de conducta. España carece todavía de un registro estatal general y obligatorio comparable al existente en las instituciones europeas, aunque algunas administraciones cuentan con sistemas propios.
El compromiso estaba ligado a desembolsos europeos. El plazo señalado para aprobar la reforma había terminado el 31 de agosto y el Consejo de Ministros aprobó el decreto el 25 de ese mes, en su primera reunión después del parón estival. El rechazo abre ahora una negociación con Bruselas y obliga al Gobierno a explicar qué partidas pueden verse afectadas y cómo piensa recuperar el hito.
La derrota no impide presentar un nuevo texto. El Ejecutivo puede retomar el proyecto de ley, negociar previamente las exclusiones y garantías o aprobar otra iniciativa si acredita la urgencia. Cualquier opción exigirá resolver la definición de lobby, el tratamiento de sindicatos y patronal, el régimen sancionador y la publicidad efectiva de agendas y reuniones.
El resultado deja una paradoja: la mayoría de los grupos dice respaldar una mayor transparencia, pero no ha aceptado el mecanismo propuesto. La responsabilidad se reparte entre un Gobierno que llevó tarde una norma discutida y una oposición que deberá demostrar si está dispuesta a acordar una alternativa. Mientras tanto, el registro estatal no entrará en vigor y el compromiso europeo continúa sin cumplirse.
