El Cabildo de Lanzarote ha aprobado definitivamente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Los Volcanes, un instrumento destinado a fijar las reglas de protección y uso de más de 10.000 hectáreas repartidas entre Tinajo, Yaiza y Tías. La norma ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y entrará en vigor el próximo 7 de octubre.

El espacio limita con el Parque Nacional de Timanfaya y forma parte de una red territorial de alto valor volcánico, paisajístico y ecológico. La aprobación proporciona un marco jurídico específico para decidir qué actividades son compatibles, dónde pueden desarrollarse y qué zonas requieren mayores restricciones o labores de recuperación.

Un procedimiento iniciado en 2024

La tramitación comenzó en junio de 2024 e incluyó consultas públicas, informes de distintas administraciones y modificaciones para responder a observaciones formuladas durante el procedimiento. La ordenación de un espacio protegido exige integrar normativa autonómica, estatal y europea, además de coordinar competencias insulares y municipales.

El documento incorpora un diagnóstico de vulnerabilidad frente al cambio climático y prevé medidas de restauración de hábitats, seguimiento de la biodiversidad y control de variables climáticas. También introduce criterios sociales en la gestión, entre ellos la promoción de la igualdad, sin alterar el objetivo principal de conservar los valores naturales del parque.

La entrada en vigor no implica que cualquier proyecto pendiente quede automáticamente autorizado o prohibido. Cada actividad deberá examinarse según su localización, categoría de suelo, impacto y régimen concreto previsto en el plan. El nuevo marco sí reduce la incertidumbre, porque sustituye decisiones dispersas por criterios previamente publicados.

Protección y actividad en un territorio habitado

Los Volcanes no es un recinto aislado de la vida económica y social de Lanzarote. En su entorno conviven explotaciones agrícolas, carreteras, núcleos próximos, visitas turísticas y usos tradicionales. La planificación debe proteger formaciones volcánicas y ecosistemas frágiles sin ignorar derechos consolidados ni actividades compatibles con la conservación.

La presión turística añade dificultad. La proximidad de Timanfaya y el atractivo del paisaje generan tránsito de visitantes, demanda de accesos y riesgo de deterioro fuera de los recorridos autorizados. El plan ofrece la base para ordenar esos flujos, reforzar la vigilancia y orientar futuras inversiones hacia zonas capaces de soportarlas.

El cambio climático incorpora otros riesgos: episodios de calor, erosión, alteraciones en especies y mayor exposición a fenómenos extremos. La previsión de seguimiento continuo permitirá revisar medidas si los datos muestran una evolución distinta de la esperada. La protección efectiva dependerá, no obstante, de presupuesto, personal y coordinación administrativa.

La aprobación cierra una fase normativa larga y abre otra de ejecución. El Cabildo tendrá que traducir las directrices en vigilancia, restauración, señalización y decisiones transparentes sobre proyectos concretos. Los ayuntamientos, propietarios y operadores conocerán desde octubre un marco más definido, mientras la ciudadanía podrá exigir que las excepciones y autorizaciones respeten los objetivos publicados.

En una isla donde el territorio es el principal patrimonio ambiental y también un recurso económico, la utilidad del plan se medirá por su capacidad para evitar degradaciones sin convertir la protección en una declaración formal sin medios.